With the November midterms roughly 80 days away, federal moves on election administration are drawing scrutiny from voting rights groups and pushback from some Republican-led states, even as the Trump administration says the actions are needed to secure the vote.
The Justice Department has requested full voter registration lists, including driver's license and partial Social Security numbers, from nearly every state since May. Only 12 states have fully complied; the department has sued 30 states and Washington, D.C., over refusals, though 21 of those suits have since been dismissed. DOJ has acknowledged in court it plans to run the data through a Department of Homeland Security citizenship-check system.
Attorney General Pam Bondi has said the effort is about ensuring "accurate, well-maintained voter rolls." Voting rights groups, including the Brennan Center, call the scope of the requests unprecedented and warn the sensitive data could be misused or lead to eligible voters being purged.
The Homeland Security Secretary topper has separately warned election officials in all 50 states they could face criminal charges if they don't comply with data-sharing demands. Justice Department letters to officials in several states raised the possibility of prosecution over noncitizen voting, a crime researchers and state officials, including in Idaho, say is rare. Election law experts describe the letters as pressure tactics more than imminent legal threats; no prosecutions have resulted so far in states that have received them.
In July, POTUS removed the three remaining members of the Election Assistance Commission, the only federal agency dedicated to election administration, leaving it without a quorum months before the midterms. The White House cited a recent Supreme Court ruling on presidential removal authority. The administration's budget also proposed a 40% cut to the EAC and elimination of its election security grants to states.
Separately, immigration enforcement activity has swept up U.S. citizens in isolated but documented cases, including wrongful detentions in Colorado and New Mexico. ICE policy prohibits detaining citizens, and the incidents represent enforcement errors rather than stated policy, but advocacy groups say the scale of enforcement activity has increased the risk.
Election officials in both parties say the practical effect, regardless of intent, is added strain on state and local offices already preparing for November with less federal support than in past cycles.
That's the case for staying engaged, not disengaged: "No No No, Don't Let Go of Control, Vote" makes the point that confusion and distrust are exactly what keep eligible voters home. Verifying registration status directly with your state or county election office, not through a third party, remains the most reliable way to make sure a name on a list stays a vote in November.
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A unos 80 días de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, una serie de medidas federales sobre la administración electoral está generando escrutinio de parte de organizaciones de derechos al voto y resistencia de algunos estados liderados por republicanos, mientras la administración Trump sostiene que las acciones son necesarias para garantizar la seguridad del proceso electoral.
El Departamento de Justicia ha solicitado listas completas de registro de votantes, incluyendo números de licencia de conducir y parte de los números de Seguro Social, a casi todos los estados desde mayo. Solo 12 estados han cumplido en su totalidad; el departamento ha demandado a 30 estados y al Distrito de Columbia por negarse, aunque 21 de esas demandas ya han sido desestimadas. El DOJ ha reconocido ante un tribunal que planea cotejar los datos con un sistema de verificación de ciudadanía del Departamento de Seguridad Nacional.
La fiscal general Pam Bondi ha dicho que el esfuerzo busca garantizar "listas de votantes precisas y bien mantenidas". Organizaciones de derechos al voto, incluido el Brennan Center, califican el alcance de las solicitudes como sin precedentes y advierten que los datos sensibles podrían ser usados indebidamente o llevar a la eliminación de votantes elegibles.
El secretario de Seguridad Nacional advirtió por separado a funcionarios electorales de los 50 estados que podrían enfrentar cargos criminales si no cooperan con las solicitudes de datos. Cartas del Departamento de Justicia a funcionarios de varios estados plantearon la posibilidad de procesamiento judicial por voto de no ciudadanos, un delito que investigadores y funcionarios estatales, incluidos los de Idaho, señalan que es poco común. Expertos en derecho electoral describen las cartas más como tácticas de presión que como amenazas legales inminentes; hasta ahora no se han producido procesamientos en los estados que las han recibido.
En julio, el presidente destituyó a los tres miembros restantes de la Comisión de Asistencia Electoral, la única agencia federal dedicada exclusivamente a la administración de elecciones, dejándola sin quórum meses antes de las elecciones de mitad de mandato. La Casa Blanca citó un fallo reciente de la Corte Suprema sobre la autoridad presidencial de destitución. El presupuesto de la administración también propuso un recorte del 40% a la Comisión y la eliminación de sus subvenciones de seguridad electoral a los estados.
Por separado, las operaciones de control migratorio han afectado a ciudadanos estadounidenses en casos aislados pero documentados, incluidas detenciones erróneas en Colorado y Nuevo México. La política de ICE prohíbe detener a ciudadanos, y los incidentes representan errores de aplicación más que una política declarada, aunque organizaciones civiles señalan que el aumento en el volumen de operativos eleva el riesgo.
Funcionarios electorales de ambos partidos coinciden en que el efecto práctico, más allá de la intención, es una mayor presión sobre las oficinas estatales y locales que se preparan para noviembre con menos apoyo federal que en ciclos anteriores.
Ese es precisamente el argumento para mantenerse involucrado, no para desconectarse: "No No No, No Sueltes el Control, Vota" plantea que la confusión y la desconfianza son justo lo que aleja de las urnas a los votantes elegibles. Verificar el estado del registro directamente con la oficina electoral estatal o del condado, no a través de terceros, sigue siendo la manera más confiable de asegurar que un nombre en una lista se traduzca en un voto en noviembre.